Los consulados usan una treta para acelerar la nacionalización de nietos del exilio ante las elecciones
El aluvión de solicitudes de nacionalidad lleva al colapso a los consulados
El Gobierno retoca la Ley de Memoria para nacionalizar a más nietos del exilio en pleno año electoral
El Gobierno no exige acreditar el exilio en su plan de nacionalizaciones exprés ante el año electoral
El aluvión de solicitudes de nacionalidad por parte de descendientes de exiliados y emigrantes españoles, amparados en la llamada Ley de «memoria democrática», ha llevado al colapso a los consulados. En los primeros meses de aplicación de la ley, han sido miles los interesados en acogerse a este proceso de nacionalizaciones masivas, impulsado por el Gobierno en vísperas del intenso ciclo electoral. El Ejecutivo, como en su día reveló OKDIARIO, ha intentado ampliar al máximo este «censo del exilio», recurriendo incluso a una modificación por la puerta de atrás de la propia norma. Ahora, en un momento crítico antes de la cita con las urnas, los consulados han recurrido a una treta para acelerar en lo posible las nacionalizaciones. Se trata de instar a los nietos de los exiliados a cursar ya su solicitud de nacionalidad sin necesidad de esperar a que la de su progenitor haya sido resuelta. Desde algunos de los consulados más representativos, como ocurre en México o Argentina, ya se informa a los interesados que pueden acogerse a esta posibilidad, con el fin de «cumplir con los plazos previstos en la ley». De esta forma, todos los expedientes quedarán vinculados, agilizando su resolución.
Cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley -que Pedro Sánchez pudo aprobar gracias a Bildu-, los consulados se han visto incapaces de gestionar la ingente petición de citas de quienes quieren acceder cuando antes a la nacionalidad española. Los turnos se dilatan ya durante meses y, en algunos casos, ni se facilitan. Pese a las dificultades, las cifras siguen siendo importantes. Sólo el Consulado General de Buenos Aires ofreció el pasado martes 5.085 nuevas citas para solicitar la nacionalidad, según informó la oficina diplomática española, con lo que son ya más de 42.000 los nuevos turnos que se han concedido.
La Ley de «memoria democrática» entró en vigor el pasado 20 de octubre y el plazo para solicitar la nacionalidad es de dos años, prorrogables por el Consejo de Ministros un año más. Por lo que la opción a la nacionalidad estará abierta, en principio, hasta el 20 de octubre de 2024.
Nacionalización masiva
El voto del exterior es un objetivo estratégico en unos meses determinantes para Sánchez. Como avanzó en exclusiva OKDIARIO, el Gobierno llegó incluso a modificar en secreto esta ley para impulsar una auténtica nacionalización masiva, extendiendo la concesión de la nacionalidad a todos los hijos y nietos de españoles emigrados. Esto es, con independencia de si el motivo de la salida de España fue el exilio por la Guerra Civil o la dictadura, como sí figuraba expresamente en la norma que salió aprobada de las Cortes.
Ese «retoque» implica una enorme ampliación del censo electoral exterior, pues el texto aprobado en el Congreso de los Diputados limitaba la «adquisición de la nacionalidad española» únicamente a tres supuestos: «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española», «los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978» y «los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción».
Sin exilio
La instrucción, como también contó este periódico, estableció además que no sería necesario acreditar el exilio, pues «se presumirá la condición de exiliado respecto a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». Este requisito sí se exigirá, al contrario, para aquellos cuya salida de España se hubiera producido entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978.
Pese a que el Gobierno llevaba tiempo preparándose para un aluvión de solicitudes, el interés de los peticionarios ha sorprendido a los consulados. El asunto llegó la semana pasada al Senado, donde se aprobó una moción presentada por el PSOE y pactada con ERC sobre el proceso de acceso a la nacionalidad abierto por la ley. En la propuesta, los propios socialistas instan al Gobierno «a contar con los medios adecuados y llevar a cabo las actuaciones necesarias, incluida la divulgación de los requisitos y documentación, para atender de manera rápida y eficiente las solicitudes ya presentadas y las que se presenten ante la red de oficinas del Registro Civil».
Todos los grupos criticaron que la norma no se está ejecutando como debería, que los consulados no cuentan con los medios necesarios para su aplicación y que, en definitiva, los emigrantes se están encontrando con numerosos problemas a la hora de presentar sus solicitudes y que estas se tramiten de manera eficaz. Por parte del PP, la senadora Cristina Ayala calificó de “chapuza jurídica” el proceso y cargó contra el PSOE por «modificar la ley por la puerta de atrás».